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JAVIER GONZÁLEZ DE LARA. PRESIDENTE DE LA CEA

Una Administración Pública más eficiente

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Los empresarios andaluces somos conscientes de que Andalucía necesita estar más activa que nunca y deseamos que nuestra región sea un lugar cada vez más interesante para invertir y desarrollar todo tipo de iniciativas empresariales. Para tal fin hay que generar entornos de confianza, seguridad y certidumbre, desde los que procurar el cambio en los patrones de crecimiento económico.

Asimismo, para lograr que nuestra tierra sea más atractiva para el desarrollo empresarial, hay que abordar diversos campos de actuación y tenemos que estar implicados todos: las empresas, sus trabajadores, los responsables políticos e institucionales, las distintas administraciones públicas y la propia sociedad civil en su conjunto.

Javier González de LaraPrecisamente, las empresas, los trabajadores, las familias, la clase media han sufrido lo indecible en los ocho años de profunda crisis. Los empresarios no hemos hecho más que mirar constantemente hacia adelante, saliendo de las dificultades, innovando, asumiendo nuevos retos.

Hemos hecho nuestros deberes. Corresponde ahora a los políticos y a la Administración Pública que también los hagan. Necesitamos que el sector público afronte una reforma profunda de sí mismo y que asuma el desafío de su transformación para que sea más eficiente y genere un ecosistema que sea favorable al desarrollo económico, empresarial y social.

Desgraciadamente, estamos siendo testigos con asombrosa frecuencia de cómo la rivalidad política, el cortoplacismo y el interés partidista cuestionan frívolamente el desarrollo y la viabilidad de relevantes proyectos empresariales. Muchos de ellos se abandonan en el enredo político y en la maraña de la desidia administrativa.

Andalucía, sus empresas, requieren estabilidad, criterios claros y coherencia. Necesitamos responsabilidad en la clase política, que es la que nos gobierna. Por esta razón, el entorno institucional debe estimular a la iniciativa privada en un marco de estabilidad y seguridad jurídica, simplemente “dejando trabajar, dejando hacer”. Por supuesto con todas las garantías legales que se estimen necesarias, pero con libertad.

Por tanto, es la hora de que la Administración Pública lleve a cabo sus deberes. ¿O es que sólo van a funcionar bien Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social porque son entidades recaudatorias?

Los retos para esa administración más eficiente pasan por la reforma de la fiscalidad, por la reducción de las trabas burocráticas y de la hiperregulación, por favorecer la diligencia en la ejecución de los programas y los presupuestos, por una gestión pública de la excelencia, así como por una razonable y constante cura de adelgazamiento de la hipertrofiada estructura administrativa en todos sus ámbitos.

Esta gran reforma de la administración se debe complementar con grandes acuerdos entre todas las fuerzas políticas en aquellos temas que podríamos calificar como de Estado, y que no deben estar sometidos a los vaivenes electorales.

Necesitamos pactos de Estado en la educación, en la justicia, en la política exterior, en la financiación de las administraciones, y en la propia estructura del estado de las autonomías y su implicación fiscal y presupuestaria, junto con reformas pactadas en lo laboral, la Seguridad Social y las pensiones.

A la espera de estos grandes pactos, conviene repasar algunos aspectos de urgencia que deben abordar ya las administraciones en la búsqueda de su eficiencia como es el caso de la fiscalidad, pues tenemos uno de los sistemas fiscales con los impuestos más altos de la zona euro, pero es también, al mismo tiempo, uno de los países de la región que menos recauda con sus tributos. Frente a esta situación, los empresarios defendemos la existencia de un sistema tributario justo y estable, acompañado de una profunda simplificación normativa. Un modelo que proporcione seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades e incida en la eficiencia en el funcionamiento del propio sistema.

Asimismo, las administraciones públicas deben ser más diligentes en la ejecución de lo que programan presupuestariamente. Tienen que reforzar todo lo relacionado con el control, el ahorro y la eficiencia en el funcionamiento de la administración porque con ello se puede ser más eficiente en la prestación de servicios y ahorrar en gasto. Si se genera ahorro público, se puede recuperar esfuerzo inversor y acometer políticas de impulso económico y empresarial, sin menoscabo de los ajustes de la consolidación presupuestaria.

Por último, hay que acabar con las trabas burocráticas y la hiperregulación. Es imprescindible que, por el bien del crecimiento económico y por la competitividad de las empresas, se promulguen menos leyes y más estables en el tiempo. Esta situación de inflación legislativa y exceso regulatorio tiene un impacto directo en nuestra capacidad de crecimiento, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo.

De esta manera, si las administraciones central, autonómica y local asumen todos estos compromisos de renovación de lo público a favor de la empresa y los ciudadanos mediante su gestión eficiente, nuestra tierra estará aún más activa para ser un destino atractivo para la inversión, el desarrollo económico y el bienestar social.

 

Javier González de Lara

Presidente de la CEA

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